El proyecto deroga una presunción legal especial de legítima defensa que favorece a funcionarios policiales, de Gendarmería y Fuerzas Armadas cuando actúan en orden público. Busca que estos funcionarios sean juzgados bajo los mismos estándares que cualquier otra persona, sin presunciones que faciliten su defensa penal.
La ley 21.560 (2023) introdujo una presunción que reduce el escrutinio judicial sobre el uso de la fuerza estatal, desplazando la carga probatoria hacia una ficción legal. Esto afecta principios fundamentales como la igualdad ante la ley y el control democrático del poder. El proyecto busca restituir el rol del juez como garante del control de la fuerza y alinear la legislación con estándares internacionales de derechos humanos, particularmente en casos de graves violaciones como el de Gustavo Gatica (pérdida de visión por proyectiles de Carabineros).
Generado el 8 jul 2026
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