El proyecto deroga la "legítima defensa privilegiada" que la Ley 21.560 otorgó a policías y agentes del Estado, restableciendo el estándar de responsabilidad penal común. Busca que el uso de la fuerza por parte de agentes estatales se rija por los mismos principios de necesidad, proporcionalidad y excepcionalidad que establece el derecho internacional de derechos humanos, sin presunciones legales que favorezcan a los uniformados.
La Ley 21.560 creó una figura legal que presume racional el uso de armas de fuego por policías en situaciones que no necesariamente ponen en riesgo la vida, trasladando la carga probatoria a las víctimas. Esto entra en conflicto directo con estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exige que el uso de la fuerza sea excepcional, necesario y proporcional. El proyecto busca alinear la legislación chilena con obligaciones internacionales en derechos humanos y restablecer un equilibrio en la responsabilidad penal de agentes estatales.
Generado el 8 jul 2026
No fue posible generar este resumen — reintentando automáticamente.