El proyecto obliga a las empresas distribuidoras de electricidad a entregar generadores de emergencia permanentes a los comités y cooperativas de agua potable rural (APR), para garantizar el acceso al agua durante cortes de luz y emergencias energéticas.
En zonas rurales, el 70% de la población depende de APR para acceder a agua potable. Los cortes de electricidad (como el apagón de febrero 2025) impiden que estos sistemas bombeen agua, dejando sin acceso a este recurso esencial. El proyecto busca garantizar el derecho humano al agua y la electricidad, reconocidos en tratados internacionales y jurisprudencia nacional, especialmente para poblaciones vulnerables que enfrentan mayores dificultades de acceso a servicios básicos.
Generado el 8 jul 2026
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