El proyecto crea una Comisión Nacional de Reconciliación y Paz Social para investigar y proponer soluciones sobre las prisiones preventivas prolongadas y vulneraciones al debido proceso de personas imputadas por delitos durante el estallido social de 2019-2020. También buscará proponer medidas de reparación para víctimas de abuso estatal y daños causados durante las protestas.
Durante el estallido social de octubre 2019 a diciembre 2020, se registraron miles de detenciones y denuncias de uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales. El texto documenta casos de personas que pasaron más de un año en prisión preventiva y fueron posteriormente absueltas, evidenciando posibles vulneraciones al debido proceso. La comisión busca abordar estas situaciones y proponer reparaciones tanto para imputados como para víctimas de violencia estatal y daños en protestas, con el objetivo de facilitar la reconciliación social después de un período de alta conflictividad.
Generado el 8 jul 2026
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