El proyecto obliga a los proveedores de automóviles a mantener el precio acordado desde el momento en que el cliente hace la reserva, impidiendo que aumenten unilateralmente el valor del vehículo antes de su entrega.
Desde la pandemia, la demanda de vehículos nuevos ha aumentado significativamente, generando tiempos de espera de hasta 13 meses. Esto ha permitido que algunas automotoras aumenten unilateralmente el precio pactado cuando el vehículo está listo para entregar, argumentando razones como la alza del dólar. Los compradores quedan atrapados: si aceptan el aumento, pierden dinero; si rechazan, pierden la reserva (entre $250.000 y $500.000) y deben esperar nuevamente sin garantía de que no volverá a ocurrir. El proyecto busca proteger a los consumidores de esta práctica abusiva, reconociendo que el contrato se perfecciona en el momento de la reserva.
Generado el 8 jul 2026
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