El proyecto prohíbe que las personas con deudas de pensión de alimentos sean candidatos a Presidente, Diputado o Senador. Además, retiene los reembolsos de gastos electorales que el Estado otorga a candidatos deudores de pensión alimenticia, para que esos fondos se destinen al pago de la deuda.
El proyecto busca establecer un estándar ético mínimo para quienes aspiran a cargos públicos. Argumenta que el no pago de pensión de alimentos es un acto que atenta contra la familia y que, dado el aumento de violencia intrafamiliar y femicidios en Chile, quienes incumplen obligaciones hacia sus hijos no deberían poder representar al país. También busca recuperar deudas de alimentos mediante la retención de fondos electorales.
Generado el 8 jul 2026
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