Permite que parlamentarios y convencionales constituyentes renuncien a sus cargos por motivos personales hasta el 10 de marzo de 2022, estableciendo que la renuncia surta efectos en la siguiente sesión de sala o pleno. Los reemplazos se realizarían según las reglas existentes para diputados y senadores.
El proyecto responde a la necesidad de crear un mecanismo legal para que convencionales o parlamentarios que hayan incurrido en irregularidades o fraude a la fe pública puedan dejar sus cargos de forma ordenada. Busca evitar que estos aspectos sustanciales del estatuto parlamentario se regulen únicamente por reglamento interno, lo que los autores consideran inconstitucional. Ofrece una salida institucional que respeta el marco constitucional vigente mientras se redacta una nueva Constitución.
Generado el 8 jul 2026
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