El proyecto establece el acceso libre e igualitario a Internet como un derecho de todas las personas en Chile. Obliga a las empresas proveedoras de Internet a ofrecer conectividad en todo el territorio nacional, con excepciones solo en zonas extremas donde sea muy costoso, en cuyo caso deben financiar puntos de acceso público gratuito. También exige que los concesionarios de obras públicas (como carreteras) incluyan infraestructura para garantizar este acceso durante la construcción y operación.
Chile enfrenta una profunda brecha digital: mientras la Región Metropolitana tiene 0,26 conexiones por habitante, regiones como Aysén tienen solo 0,17. Aproximadamente 1 de cada 3 colegios del país carece de Internet, afectando especialmente la educación rural. El acceso a Internet es hoy esencial para educación, trabajo, comercio electrónico y servicios del Estado. La pandemia aceleró esta necesidad. El proyecto busca garantizar que todas las personas, independientemente de su ubicación geográfica, puedan acceder a este servicio considerado un derecho humano por organismos internacionales como la ONU.
Generado el 8 jul 2026
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