El proyecto crea un estatuto que obliga al Estado, empleadores, establecimientos educacionales e instituciones de educación superior a asegurar, proteger y promover la salud mental. Establece que todas las personas tienen derecho a protección, evaluación y acceso a atención de salud mental, y requiere que escuelas, universidades y organismos públicos desarrollen políticas de salud mental, capaciten a su personal y detecten factores de riesgo en sus comunidades.
Chile enfrenta una crisis de salud mental: antes de la pandemia casi un tercio de la población había tenido algún trastorno psiquiátrico, y tras la pandemia el 45,9% reporta peor estado de ánimo. El proyecto aborda la escasez de políticas públicas de prevención y acceso a especialistas, reconociendo que la salud mental no es solo ausencia de enfermedad sino un estado de bienestar que permite a las personas enfrentar la vida cotidiana. Busca integrar la salud mental en todos los espacios donde las personas viven y trabajan, no solo en el sistema de salud.
Generado el 8 jul 2026
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