El proyecto obliga a todos los candidatos a cargos electos (Presidente, Diputados, Senadores, Alcaldes, Consejeros Regionales y jueces) a presentar un examen de drogas negativo y una declaración jurada de no consumo al inscribir su candidatura. Además, establece que los electos que consuman drogas o tengan vínculos con el narcotráfico pierdan automáticamente su cargo.
El proyecto responde a la preocupación de que el narcotráfico ha penetrado la institucionalidad chilena y busca usar autoridades públicas para sus operaciones. Argumenta que Chile pasó de ser país de tránsito a país de destino de drogas, con mayor sofisticación criminal y riesgo de corrupción de funcionarios. La medida pretende proteger la integridad del Estado de Derecho y la democracia frente a la infiltración del crimen organizado en instituciones públicas.
Generado el 8 jul 2026
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