Crear un delito penal que sancione a quienes intimiden, coaccionen o ataquen públicamente la honra de parlamentarios, magistrados y ministros de Estado, ya sea mediante violencia física, amenazas directas o campañas de descrédito en redes sociales, con el propósito de presionarlos para que actúen contra su voluntad o cambien sus decisiones.
El proyecto responde a un aumento de casos de "funas" y campañas de intimidación contra autoridades públicas, particularmente a través de redes sociales. Busca proteger la independencia de los funcionarios públicos para ejercer sus funciones sin presión ilegítima, preservar el pluralismo democrático y evitar que la violencia o el hostigamiento sistemático sustituyan los mecanismos legales de denuncia y rendición de cuentas. Sin embargo, también toca un debate sensible sobre los límites entre proteger a autoridades y restringir el derecho ciudadano a criticar y visibilizar conductas cuestionables.
Generado el 8 jul 2026
No fue posible generar este resumen — reintentando automáticamente.