El proyecto obliga al Estado a crear mecanismos de financiamiento (subsidios) para que familias con personas en situación de discapacidad puedan adaptar sus viviendas sociales, priorizando estas adaptaciones en los permisos de ampliación. Las adaptaciones incluyen espacios más amplios, puertas anchas para sillas de ruedas y baños accesibles.
En Chile, el 16,7% de la población (2,8 millones de personas) vive con algún tipo de discapacidad, y el 34,6% de los hogares tiene al menos una persona en esta situación. Las viviendas sociales construidas tienen bajo estándar y no permiten adaptaciones para personas con movilidad reducida. Aunque estas adaptaciones son económicas durante la construcción, resultan muy costosas para familias que deben hacerlas después. El proyecto busca que el Estado financie estas adaptaciones, mejorando la dignidad y calidad de vida de estas familias y permitiendo su autonomía dentro del hogar.
Generado el 8 jul 2026
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