El proyecto establece que organismos públicos, empresas del Estado y tribunales deben reservar al menos el 1% de sus contrataciones anuales para personas trans que cumplan con los requisitos del cargo. Además, obliga a que en recursos humanos haya personal capacitado en inclusión laboral trans, y que se garanticen condiciones de trabajo respetuosas con la identidad de género (uso de nombre social, uniformes acordes, espacios comunes sin segregación).
Las personas trans en Chile enfrentan discriminación sistemática en el acceso al empleo formal, lo que las empuja a la precariedad laboral. Aunque existen leyes contra la discriminación, no hay medidas que reparen activamente esta exclusión histórica. El proyecto busca garantizar oportunidades laborales dignas en el sector público como punto de partida, alineándose con compromisos internacionales de derechos humanos y experiencias de países como Uruguay y Argentina que ya han implementado cupos similares.
Generado el 8 jul 2026
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