El proyecto exime del pago de arriendo a micro, pequeños y medianos comerciantes cuyos locales sean cerrados por orden de la autoridad durante estados de excepción o situaciones de riesgo grave para la salud (como la pandemia de COVID-19), pagando solo proporcionalmente los días que efectivamente operaron. Mantiene otras obligaciones del contrato como mantención del inmueble y servicios.
Durante la pandemia de COVID-19, miles de pequeños negocios fueron obligados a cerrar por medidas sanitarias, generando una crisis de ingresos que amenazaba su supervivencia. Sin protección en los arriendos, muchos comerciantes enfrentaban el cierre definitivo incluso cuando cumplían sus obligaciones. Esta medida busca evitar que se pierdan empleos y negocios viables, permitiendo la reactivación económica posterior al reconocer que el cierre fue por fuerza mayor, no por incumplimiento del arrendatario.
Generado el 8 jul 2026
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