El proyecto permite que los jueces de familia ordenen el embargo de cuentas bancarias (corrientes y de ahorro) de quienes deben pensión de alimentos, hasta el monto adeudado, como una herramienta adicional para cobrar estas deudas.
En Chile hay un alto incumplimiento de obligaciones alimentarias: en 2017 se presentaron 148.087 demandas por pensión de alimentos y 70.696 por incumplimiento. Aunque existen medidas de cobro, muchos deudores evaden responsabilidades mediante simulaciones o disminuciones aparentes de ingresos. El proyecto busca cerrar un vacío legal: mientras los depósitos de ahorro pueden embargarse por deuda de alimentos, no está claro si esto aplica a cuentas corrientes. Permitir el embargo de cuentas bancarias busca mejorar el cumplimiento de una obligación considerada fundamental, que afecta directamente la desigualdad material del país.
Generado el 8 jul 2026
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