El proyecto obliga al Presidente a presentar, en un plazo de 3 meses, un proyecto de ley que extinga las deudas de educación superior contraídas por estudiantes a través de condonación u otro mecanismo, liberándolos de esas cargas. El Estado asumiría el costo y administración de este mecanismo, y se prohibiría mantener registros de deudores morosos de créditos educacionales.
El endeudamiento estudiantil ha generado una carga patrimonial grave para cientos de miles de personas, con tasas de morosidad superiores al 44%. Esto afecta el acceso a vivienda, crédito y estabilidad económica. La pandemia agravó la situación al reducir ingresos. El proyecto busca que el Estado asuma una responsabilidad que considera fundamental para garantizar la educación como derecho social, no como mercancía, y para reactivar la economía al liberar recursos de familias endeudadas.
Generado el 8 jul 2026
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