Prorroga los efectos de la ley Nº 21.249, que dispone, de manera excepcional, las medidas que indica en favor de los usuarios finales de servicios sanitarios, electricidad y gas de red.

• Familias de bajos ingresos
• Usuarios residenciales de servicios básicos
• Trabajadores independientes e informales
• Adultos mayores
• Desempleados
• Personas en situación de vulnerabilidad

Durante la pandemia de COVID-19, miles de familias perdieron ingresos por cuarentenas obligatorias y cesantía. Muchas no pueden pagar servicios básicos como electricidad, agua y gas, que son esenciales para vivir. Una ley anterior (21.249) protegió a estos usuarios por 90 días, pero ese plazo vence pronto. Sin esta prórroga, más de 1 millón de personas enfrentarían cortes de servicio o deudas impagables, profundizando la crisis económica familiar. Extender la protección y permitir pagos en 36 cuotas sin intereses busca evitar que familias vulnerables pierdan acceso a servicios básicos mientras se recuperan económicamente.