El proyecto propone que cualquier reducción presupuestaria a los Gobiernos Regionales requiera el acuerdo previo de al menos dos tercios de los miembros del Gobierno Regional respectivo, en sesión extraordinaria convocada especialmente para ese efecto. Busca que las regiones participen en las decisiones sobre recortes a sus presupuestos, en lugar de que el Gobierno central los imponga sin consulta.
En 2020 el Gobierno central redujo aproximadamente $54.750 millones del presupuesto de inversión de nueve regiones sin consultar previamente a sus autoridades. El proyecto busca proteger la autonomía regional y garantizar que las regiones tengan voz en decisiones que afectan directamente sus capacidades de inversión, desarrollo y prestación de servicios. Esto responde a un proceso más amplio de descentralización y fortalecimiento de gobiernos regionales que el país estaba viviendo.
Generado el 8 jul 2026
No fue posible generar este resumen — reintentando automáticamente.