El proyecto crea un delito penal para quienes introduzcan elementos prohibidos (armas, drogas, celulares, etc.) en cárceles, ya sea durante visitas o en el ejercicio de funciones. Para abogados, funcionarios públicos y procuradores, añade la posibilidad de suspensión perpetua del ejercicio profesional.
En los últimos años se han registrado casos frecuentes de profesionales del derecho y otras personas que facilitan el ingreso de drogas, armas, celulares y otros elementos prohibidos a establecimientos penitenciarios. Estos objetos permiten que reclusos coordinen delitos graves (homicidios, extorsiones, estafas, tráfico de drogas) desde adentro. Actualmente, las sanciones administrativas y disciplinarias son débiles y no disuaden estas conductas. El proyecto busca fortalecer la seguridad penitenciaria y pública mediante sanciones penales más severas, especialmente para profesionales del derecho, quienes aprovechan la baja fiscalización en los ingresos a las cárceles.
Generado el 8 jul 2026
Generado el 8 jul 2026