El proyecto declara que los beneficios de alimentación para funcionarios de salud (establecidos en 2014) deben considerarse válidos también para los años anteriores (2011-2013), cuando aún no estaban autorizados por ley. De esta forma, regulariza gastos que fueron cuestionados por la Contraloría pero que luego se legalizaron.
Entre 2011 y 2013, el Hospital San Borja Arriaran pagó alimentación a sus funcionarios sin autorización legal, lo que generó una observación de la Contraloría y un juicio de cuentas. En 2014, una ley autorizó estos gastos para el futuro, pero no aclaró si debían considerarse válidos retroactivamente. Este proyecto busca resolver esa ambigüedad legal, evitando que funcionarios que actuaron de buena fe sean responsabilizados por gastos que después se legalizaron.
Generado el 8 jul 2026
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