El proyecto amplía temporalmente los plazos para agendar audiencias y dictar sentencias en los tribunales de justicia (penal, laboral y familia) hasta el 31 de diciembre de 2020, como medida de emergencia para que el sistema judicial pueda procesar el atraso de casos acumulados durante la pandemia de COVID-19.
Durante la pandemia, los tribunales suspendieron actividades y solo realizaron el 12% de las audiencias normales, generando un atraso significativo de casos. Esta medida busca que el sistema judicial tenga herramientas para gestionar tanto el trabajo acumulado como la carga regular que retornará después de la crisis sanitaria, evitando que las personas esperen años para resolver sus conflictos legales.
Generado el 8 jul 2026
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Generado el 8 jul 2026