El proyecto limita las llamadas telefónicas de cobranza de deudas de consumo a una sola por mes, en horarios y días hábiles. Además, prohíbe completamente estas llamadas mientras esté vigente un estado de excepción constitucional (como durante una pandemia o crisis sanitaria).
El proyecto responde a denuncias de llamadas de cobranza excesivas y reiteradas que afectan la integridad y privacidad de los deudores, especialmente durante crisis económicas como la pandemia. Busca proteger a personas en situación de vulnerabilidad económica que enfrentan dificultades para pagar sus deudas, mientras reconoce que en estados de excepción constitucional estas prácticas resultan particularmente inapropiadas. También considera el riesgo sanitario de mantener call centers operativos durante emergencias de salud pública.
Generado el 8 jul 2026
Generado el 8 jul 2026