El proyecto suspende por 12 meses el cobro de deudas hipotecarias de personas naturales y pequeñas empresas a bancos e instituciones financieras, durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Durante este período no se pueden aplicar intereses por mora ni cobros adicionales, aunque los deudores pueden seguir pagando voluntariamente si lo desean.
Durante la pandemia de COVID-19, muchas personas dejarían de percibir ingresos por cierre de comercio y medidas de distanciamiento social, lo que las expondría a perder sus viviendas por embargo si no pueden pagar sus cuotas hipotecarias. El proyecto busca evitar que miles de familias pierdan sus hogares y que se vean forzadas a renegociar deudas en condiciones abusivas. Otros países desarrollados (España, Italia) adoptaron medidas similares. El proyecto argumenta que la propiedad tiene función social y puede limitarse por interés general en situaciones excepcionales.
Generado el 8 jul 2026
No fue posible generar este resumen — reintentando automáticamente.