El proyecto prohíbe que empresas grandes obliguen a pequeñas empresas a aceptar plazos de pago más largos que 30 días, a menos que el plazo extendido realmente beneficie a la pequeña empresa. También hace público quiénes son los compradores grandes que suscriben estos acuerdos excepcionales.
La ley de pago a 30 días (2014) estableció que las facturas deben pagarse en ese plazo máximo. Sin embargo, grandes empresas presionan a pequeñas proveedoras a aceptar plazos más largos (60, 90 días o más) aprovechando su poder negociador desigual. Esto afecta el flujo de caja de las pequeñas empresas. El proyecto busca equilibrar esta relación de poder, protegiendo a las pequeñas empresas de presiones indebidas y permitiendo que reciban sus pagos más rápidamente, lo que mejora su viabilidad financiera.
Generado el 8 jul 2026
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