El proyecto fortalece la protección de funcionarios públicos que denuncian corrupción y otros hechos irregulares. Amplía sus derechos permitiéndoles solicitar traslado de funciones (especialmente si denuncian a superiores), pedir separación provisional del trabajo si sufren amenazas, y obtener incentivos de ascenso si la denuncia resulta en recuperación de dineros públicos.
La corrupción debilita la democracia, distorsiona servicios públicos y socava la confianza en las instituciones. Actualmente, los funcionarios que denuncian enfrentan riesgos de represalias sin protección suficiente. Este proyecto busca remover barreras para que los empleados públicos se animen a reportar irregularidades, mejorando la capacidad del Estado para detectar y sancionar actos de corrupción desde adentro.
Generado el 8 jul 2026
Generado el 8 jul 2026