El proyecto obliga a todos los desarrollos inmobiliarios a incluir infraestructura de telecomunicaciones que permita a múltiples operadores ofrecer servicios de internet, cable y telefonía en condiciones competitivas. Además, extiende esta obligación a centros comerciales y edificios de departamentos destinados al arriendo, y requiere que los constructores acrediten la inscripción del proyecto ante la municipalidad antes de solicitar el permiso de edificación.
Actualmente, el acceso a internet y telecomunicaciones depende de decisiones privadas de constructores, lo que genera desigualdades en conectividad. El proyecto busca garantizar que todos los nuevos proyectos inmobiliarios tengan infraestructura de telecomunicaciones desde el inicio, permitiendo que múltiples operadores compitan y ofrezcan mejores servicios. Esto es especialmente importante porque la conectividad es hoy esencial para la inclusión social, participación ciudadana y acceso a servicios públicos. El cambio también asegura que arrendatarios permanentes tengan los mismos derechos que propietarios, y que la inscripción ocurra a tiempo para que los operadores puedan planificar adecuadamente sus inversiones.
Generado el 8 jul 2026
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