El proyecto crea el delito de saqueo y fortalece las penas para delitos cometidos durante manifestaciones o estados de excepción. Además, permite suspender y eliminar beneficios estatales (subsidios, pensiones, aportes) a quienes sean investigados o condenados por delitos en estos contextos.
El proyecto responde a los hechos de octubre de 2019, cuando se registraron cientos de detenidos por delitos contra la propiedad durante manifestaciones. Busca fortalecer el orden público y la seguridad ciudadana mediante penas más severas y la pérdida de beneficios estatales. Sin embargo, genera tensión entre el derecho a manifestarse y las medidas de control del orden público, especialmente porque la suspensión de beneficios ocurre desde la investigación, antes de una condena.
Generado el 8 jul 2026
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