El proyecto adelanta la entrada en vigencia de la obligación de pago en 30 días máximo (en lugar de 60 días) para las facturas de bienes y servicios. Esto significa que después de 3 meses desde que se publique la ley, las empresas compradoras deberán pagar a sus proveedores en 30 días corridos, en lugar de esperar hasta febrero de 2021.
Las PYME enfrentan problemas de liquidez y estabilidad financiera por los largos plazos de pago que imponen las grandes empresas compradoras. Acelerar la obligación de pago en 30 días busca mejorar el flujo de caja de los proveedores pequeños y medianos, permitiéndoles acceder más rápidamente a los recursos que necesitan para operar y crecer. Esto también reduce la dependencia de financiamiento externo para cubrir el desfase entre la emisión de factura y el pago.
Generado el 8 jul 2026
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