El proyecto obliga a los partidos políticos a renunciar explícitamente al uso, promoción o incitación de la violencia en cualquier forma como método de acción política, y a incluir esta condena en sus estatutos fundacionales.
El proyecto responde al contexto de movilizaciones sociales con episodios de violencia ocurridos en octubre de 2019. Busca fortalecer la democracia chilena estableciendo que los partidos políticos, como actores clave del sistema democrático, deben comprometerse explícitamente con la paz y rechazar la violencia como herramienta política, promoviendo el diálogo y la concordia en lugar de la confrontación.
Generado el 8 jul 2026
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