El proyecto propone que las personas condenadas por colusión (acuerdos entre empresas para fijar precios, dividir mercados o afectar licitaciones) cumplan la pena de cárcel de forma completa y obligatoria, sin poder acceder a alternativas como trabajos comunitarios o libertad condicional.
La colusión es considerada la conducta más dañina contra la libre competencia porque genera perjuicios económicos masivos a consumidores y afecta la confianza en el sistema de mercado. El proyecto busca aumentar la disuasión y castigo efectivo de estas prácticas, evitando que los condenados accedan a salidas alternativas que debilitarían la sanción. Esto responde a una demanda ciudadana por castigos más ejemplares a quienes abusan de su posición económica.
Generado el 8 jul 2026
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