El proyecto modifica las leyes de procedimiento civil y bancaria para proteger la vivienda única de deudores que han pagado al menos el 50% de su crédito. Establece que en estos casos, los acreedores solo pueden solicitar la entrega de la propiedad en prenda pretoria (administración temporal para pago con sus rentas) en lugar de rematar la casa. Además, aumenta los plazos de defensa, eleva el precio mínimo de remate al valor comercial real (no fiscal), y amplía las excepciones que pueden oponer los deudores hipotecarios.
En Chile, 4,6 millones de personas están en morosidad, los hogares tienen endeudamiento equivalente al 73% de su ingreso disponible, y el 50% de los trabajadores gana menos de $400.000 mensuales. Actualmente, los bancos pueden rematar la vivienda única de un deudor incluso si ha pagado la mayoría del crédito, vendiéndola a precios muy inferiores al valor real de mercado. Esto genera pérdida de hogares, crisis familiar y enriquecimiento injusto de las instituciones financieras. El proyecto busca equilibrar los derechos del acreedor con la protección del derecho a vivienda de familias vulnerables.
Generado el 8 jul 2026
Generado el 8 jul 2026