El proyecto sanciona a conductores y empresas de transporte público que nieguen o dificulten el acceso de adultos mayores y personas con discapacidad, o que les exijan requisitos adicionales no contemplados en la ley para usar el servicio. Busca establecer multas graves y responsabilidad de las empresas por estas prácticas discriminatorias.
En Chile, más de 2,6 millones de personas viven con discapacidad (20% de la población) y la cifra de adultos mayores crece sostenidamente. A pesar de leyes que garantizan su acceso al transporte público, estos grupos enfrentan discriminación diaria: conductores no se detienen, les niegan acceso arbitrariamente o exigen pagos adicionales por usar sillas de ruedas u otras ayudas técnicas. El proyecto busca hacer efectivos derechos ya reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales ratificados por Chile, mediante sanciones que disuadan estas conductas discriminatorias y permitan que estas personas participen plenamente en la vida social y económica.
Generado el 8 jul 2026
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