El proyecto permite anular contratos que violen las normas de protección de tierras indígenas sin límite de tiempo. Actualmente, esa acción de nulidad caduca después de 10 años; esta reforma la haría imprescriptible, permitiendo que comunidades indígenas recuperen tierras enajenadas ilegalmente en cualquier momento, sin importar cuánto tiempo haya pasado.
Históricamente, el Estado y particulares han despojado a pueblos indígenas de sus tierras mediante engaños, fraudes y leyes que permitían su enajenación. Aunque la Ley Indígena de 1993 prohíbe vender tierras indígenas, los contratos ilegales pueden anularse solo dentro de 10 años. Esta reforma busca reparar ese daño histórico permitiendo que las comunidades recuperen tierras usurpadas, sin importar el tiempo transcurrido, alineándose con compromisos internacionales de Chile (Convenio 169 OIT, Declaración ONU sobre Derechos Indígenas) y con el principio de que la tierra es fundamento de la existencia y cultura indígena.
Generado el 8 jul 2026
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