El proyecto prohíbe que las deudas por educación en cualquier nivel (desde educación escolar hasta superior, incluyendo créditos como el CAE) aparezcan en el boletín comercial de DICOM. Esto evita que estudiantes, desertores o padres que no pudieron pagar educación queden marcados en su historial crediticio, lo que les impide acceder a otros créditos como hipotecarios o de consumo.
Actualmente, casi 180.000 chilenos aparecen en DICOM por deudas educativas, lo que limita su acceso a créditos y afecta su bienestar social. El proyecto reconoce que la educación es un derecho que el Estado debe garantizar, y que las deudas derivadas de su falta de garantización no deberían castigar a las personas en su historial crediticio. Esto es especialmente relevante porque la morosidad en educación superior es alta (40,3% en el CAE), muchas veces por deserción o falta de ingresos suficientes tras egresar.
Generado el 8 jul 2026
Generado el 8 jul 2026