El proyecto sanciona con multas (entre 10 y 100 unidades tributarias mensuales, o el doble en caso de reincidencia) a quienes cierren u obstaculicen el acceso a playas de mar, ríos y lagos después de que el Intendente haya fijado oficialmente las vías de acceso.
Actualmente existe una norma que garantiza el acceso libre a playas y riberas, pero carece de sanciones efectivas para quienes la violan. Esto ha generado reclamos recurrentes cada año. El proyecto busca hacer cumplir ese derecho de acceso público mediante multas, lo que permitiría integración social, conservación ambiental y desarrollo turístico.
Generado el 8 jul 2026
Generado el 8 jul 2026