El proyecto aumenta las penas de robo, hurto y receptación en un grado cuando estos delitos ocurren en escuelas, jardines infantiles y salas cuna públicas, así como en sus bodegas e instalaciones anexas. Busca desincentivar estos delitos y proteger la continuidad de los servicios educativos y de alimentación escolar.
Los robos, hurtos y receptación en establecimientos educacionales públicos han aumentado significativamente (997 robos en colegios en el primer semestre de 2024, según Carabineros). Estos delitos interrumpen clases, afectan programas de alimentación escolar y comprometen la infraestructura educativa, impactando directamente el derecho a la educación de menores, especialmente de sectores vulnerables. El proyecto busca reforzar la protección de estos espacios mediante sanciones más severas que actúen como medida disuasiva.
Generado el 8 jul 2026
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