El proyecto deroga la ley de 1993 sobre delitos informáticos y crea una nueva ley que tipifica delitos cibernéticos modernos (como acceso ilícito, interceptación, falsificación y fraude informático), adecuándose a estándares internacionales del Convenio de Budapest. Además, establece herramientas de investigación especiales para perseguir estos delitos de manera más efectiva.
Chile ratificó el Convenio de Budapest en 2017, comprometiéndose internacionalmente a actualizar su legislación sobre ciberdelitos. La ley anterior (de 1993) es obsoleta frente a la sofisticación de los ataques cibernéticos modernos. Los delitos informáticos aumentaron 74% entre 2016 y 2017. La nueva ley busca proteger mejor los sistemas informáticos, los datos personales y los servicios críticos (como electricidad y finanzas), mientras facilita investigaciones más efectivas de estos delitos que no respetan fronteras geográficas.
Generado el 8 jul 2026
Generado el 8 jul 2026