El proyecto permite que los directores de establecimientos educacionales expulsen o cancelen la matrícula de estudiantes en casos de violencia grave (como portar armas, bombas molotov o agredir físicamente a docentes) mediante un procedimiento acelerado de 5 días, en lugar de los 25 días que actualmente demora este proceso.
En los últimos años ha habido episodios graves de violencia en algunos establecimientos educacionales (incendios, bombas molotov, agresiones físicas), que la legislación actual no permite resolver de manera rápida y eficaz. El proyecto busca proteger la integridad física y psíquica de los miembros de la comunidad educativa y permitir que el servicio educativo continúe sin interrupciones, mientras se mantienen garantías de debido proceso para los estudiantes sancionados.
Generado el 8 jul 2026
Generado el 8 jul 2026