El proyecto modifica la Ley General de Educación para que los establecimientos educacionales implementen procedimientos obligatorios de protección a víctimas de violencia, lleven registros de estos casos, y desarrollen programas educativos sobre violencia dirigidos a toda la comunidad escolar. También obliga a directores, inspectores y profesores a denunciar penalmente los delitos que afecten a estudiantes.
La violencia en establecimientos educacionales afecta el desarrollo físico, mental y emocional de niños, niñas y adolescentes, impactando su rendimiento académico y bienestar futuro. Chile es el país más afectado en la región por este problema. El proyecto busca crear estándares mínimos de protección que actualmente no se cumplen efectivamente, permitiendo identificar patrones de violencia tempranamente y prevenir casos más graves, como femicidios que podrían haberse evitado con actuación oportuna.
Generado el 8 jul 2026
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