El proyecto actualiza la ley que permite congelar fondos y activos de personas y organizaciones vinculadas al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Amplía la lista de resoluciones de la ONU que Chile debe cumplir, incorporando nuevas resoluciones que han surgido desde 2001 hasta 2017, para que el país pueda aplicar estas sanciones financieras de manera completa.
Chile tiene obligaciones internacionales ante la ONU y organismos como GAFILAT para combatir el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. La ley actual solo cubre resoluciones antiguas (hasta 2002), dejando fuera resoluciones posteriores que son obligatorias desde 2013. Otros países de la región ya han actualizado su legislación. Esta reforma permite que Chile cumpla completamente sus compromisos internacionales y evite sanciones en evaluaciones internacionales de su sistema antilavado de activos.
Generado el 8 jul 2026
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