El proyecto fortalece la integridad pública mediante nuevas reglas sobre conflictos de intereses en el sector público. Establece restricciones para contratar parientes de autoridades, prohíbe que ex funcionarios trabajen para empresas que fiscalizaron, y limita el uso de fondos parlamentarios para pagar a familiares de diputados y senadores.
El proyecto aborda un problema percibido como grave: el uso de cargos públicos para favorecer intereses privados o familiares en lugar del bien común. Busca restaurar confianza en las instituciones públicas al prevenir situaciones donde autoridades tomen decisiones que las beneficien a ellas o a sus cercanos. Esto es relevante porque una administración pública íntegra genera mayor legitimidad democrática y participación ciudadana.
Generado el 8 jul 2026
Generado el 8 jul 2026