El proyecto propone que el número de funcionarios en las plantas de Carabineros y la Policía de Investigaciones sea información pública, desglosada por grados y escalafones con sus remuneraciones correspondientes, mientras se mantiene reserva de las identidades individuales. Esto busca permitir que ciudadanos y organismos fiscalizadores controlen los gastos de estas instituciones.
El proyecto responde a un fraude de más de 28 mil millones de pesos en Carabineros que operó durante más de 10 años. La falta de transparencia en las plantas y dotaciones facilitó que funcionarios desviaran recursos sin detección. Hacer pública esta información permitiría que ciudadanos y organismos de control contrasten los gastos autorizados con los recursos efectivamente utilizados, reduciendo riesgos de defraudación y mejorando la probidad en la administración pública.
Generado el 8 jul 2026
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