El proyecto obliga a autoridades religiosas, ministros de culto y directivos de organizaciones culturales, deportivas y educativas a denunciar ante la justicia los delitos que cometan contra menores de edad y personas con discapacidad física o mental que no puedan ejercer autónomamente sus derechos, cuando tomen conocimiento de estos hechos en el ejercicio de sus funciones.
Busca cerrar un vacío legal que ha permitido que instituciones religiosas y organizaciones intermedias no denuncien delitos contra grupos vulnerables. El proyecto responde a casos documentados de abusos contra menores en contextos religiosos y a la falta de denuncia de estos hechos. Espera mejorar la protección de menores y personas vulnerables al crear una obligación legal clara para quienes tienen acceso privilegiado a información sobre estos delitos.
Generado el 8 jul 2026
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