El proyecto obliga a todos los establecimientos educacionales que reciben financiamiento público a ser de carácter mixto, prohibiendo que excluyan estudiantes por su género o que limiten cuotas de ingreso según género. Los colegios tendrían cuatro años para implementar este cambio.
El proyecto busca hacer efectivo el principio de inclusión establecido en la Ley de Inclusión Escolar, eliminando la segregación por género en la educación. Los promotores argumentan que la educación mixta desde temprana edad reduce brechas de género, combate estereotipos y machismo, y permite que hombres y mujeres se desarrollen en igualdad de derechos. Actualmente, algunos colegios financiados con aportes estatales mantienen exclusividad de género, lo que se considera una barrera discriminatoria de acceso.
Generado el 8 jul 2026
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