El proyecto ajusta la Ley de Inclusión Escolar para mejorar su funcionamiento tras casi dos años de aplicación. Introduce cambios en la regulación de arriendos de inmuebles escolares, excluye del sistema de admisión a establecimientos de educación parvularia exclusiva y modalidades especiales, permite flexibilidad en la jornada escolar ante emergencias, facilita la regularización de permisos de construcción en escuelas, y resuelve asuntos administrativos pendientes.
La Ley de Inclusión Escolar (2016) transformó el sistema educativo eliminando el lucro y el financiamiento compartido, pero su implementación reveló aspectos que requerían ajustes. Este proyecto corrige problemas prácticos identificados: la valoración de arriendos no reflejaba valores reales del mercado (inmuebles tasados entre 19% y 200% de su valor comercial), la admisión repetida en educación parvularia generaba cargas innecesarias, y faltaba flexibilidad ante emergencias. Los cambios buscan mantener la continuidad educativa, permitir que sostenedores sin propiedad de inmuebles continúen operando, y regularizar escuelas sin permisos de construcción formales.
Generado el 8 jul 2026
Generado el 8 jul 2026