El proyecto crea un nuevo delito penal de "incitación a la violencia" para castigar discursos públicos que inciten directamente a actos violentos contra grupos de personas o sus miembros, basados en su raza, origen nacional o étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión o creencias. La pena sería cárcel y multa, con castigo mayor si lo comete un funcionario público.
El proyecto responde a la preocupación de que discursos que incitan al odio y la violencia pueden escalar hacia actos de violencia masiva, como ha ocurrido históricamente en genocidios y crímenes de lesa humanidad. Busca proteger la dignidad, igualdad y seguridad de todas las personas, especialmente grupos vulnerables, mientras mantiene un equilibrio con la libertad de expresión. Alinea la legislación chilena con estándares internacionales de derechos humanos y tratados suscritos por Chile.
Generado el 8 jul 2026
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