El proyecto propone que los delitos de narcotráfico y lavado de dinero no sean juzgados por tribunales militares, sino por la justicia ordinaria. También obliga a los fiscales militares a traspasar inmediatamente estos casos a la fiscalía civil competente.
Casos recientes muestran militares en servicio activo involucrados en tráfico de drogas siendo juzgados en tribunales militares, lo que dilata investigaciones y compromete pruebas. La justicia militar carece de independencia e imparcialidad porque sus jueces son militares subordinados jerárquicamente. Organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han recomendado que delitos comunes como el narcotráfico sean conocidos por tribunales ordinarios, no militares. Esta reforma busca alinear la ley chilena con estándares internacionales de derechos humanos y garantizar investigaciones más efectivas.
Generado el 8 jul 2026
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