El proyecto reforma la Constitución para reconocer el derecho a una vivienda digna y obliga al Estado a establecer las condiciones y políticas públicas necesarias para que todos los ciudadanos puedan acceder a ella en igualdad de condiciones.
En Chile existen 660 campamentos irregulares con aproximadamente 38.770 familias sin acceso regular a agua potable, luz eléctrica o alcantarillado. El déficit habitacional es uno de los problemas más latentes, vinculado a precarización laboral, aumento del costo de vida y violencia intrafamiliar. Reconocer constitucionalmente el derecho a la vivienda busca que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar condiciones básicas de existencia digna, como ya lo hacen otras constituciones latinoamericanas (España, Uruguay, Colombia).
Generado el 8 jul 2026
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