El proyecto obliga a que toda extracción de áridos y greda, incluyendo canteras pequeñas que usen explosivos, sea evaluada ambientalmente antes de operar. Actualmente, solo las operaciones grandes o "industriales" requieren esta evaluación, dejando desprotegidas a comunidades cercanas que sufren daños por explosiones, ruido y contaminación.
Actualmente existe una brecha legal: proyectos extractivos pequeños que usan explosivos quedan fuera del sistema de evaluación ambiental, permitiendo que causen daños graves sin supervisión previa. El caso de El Tambo (Región de O'Higgins) evidencia cómo comunidades sufren daños estructurales en viviendas, contaminación acústica extrema, proyección de rocas y afectaciones a la salud, sin que la ley las proteja. Esta reforma busca asegurar que toda actividad con explosivos sea evaluada antes de iniciarse, permitiendo participación ciudadana y protegiendo el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Generado el 8 jul 2026
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