Prohíbe que extranjeros en situación migratoria irregular arrienden viviendas o inmuebles urbanos. Establece multas para quienes incumplan y obliga a notarios a verificar la situación migratoria regular de extranjeros antes de autorizar contratos de arriendo, con sanciones disciplinarias para notarios que no cumplan.
El proyecto busca desalentar la migración irregular en Chile, que según datos oficiales alcanza a más de 336 mil personas (17,6% de la población extranjera). El texto argumenta que esta migración descontrolada ha facilitado la penetración de organizaciones criminales transnacionales y ha complejizado la seguridad pública. Al restringir el acceso a vivienda, se pretende aumentar el costo de permanecer en el país de forma irregular, reduciendo el "efecto llamada" que atrae a nuevos migrantes irregulares.
Generado el 8 jul 2026
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